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Inmunidad parlamentaria: la larga ruta para levantar el fuero

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La fiscalía ha pedido retirar la inmunidad de cinco congresistas. Solo un caso llegó al Legislativo, pero este fue devuelto al Poder Judicial

Levantar la inmunidad de un congresista no es sencillo. La fiscalía primero debe formular el pedido ante la Corte Suprema y esta –tras analizarlo– lo remite al Congreso para que, en sus dos instancias –en comisión y en el pleno–, debata si procede aceptar la solicitud.

En el actual período legislativo, ya se han anunciado pedidos contra cinco legisladores. Solo uno llegó al Parlamento, pero fue devuelto al Poder Judicial por subsanaciones.

El único pedido formal analizado por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria fue sobre el segundo vicepresidente del Congreso, Richard Acuña (Alianza para el Progreso).

Según información del Área de Trámite Documentario del Legislativo, la solicitud de la Corte Suprema llegó el 13 de setiembre del año pasado. Dos días después, fue derivado al grupo de trabajo.

Luego de ser revisado, la comisión acordó devolver el expediente a la Corte Suprema por “no haber cumplido en estricto con los requisitos formales para la admisión del pedido”. La solicitud era por una investigación a Acuña por el delito de fraude procesal en agravio del Estado.

A la fecha, el expediente no ha vuelto a ser presentado al Congreso, según el titular de la comisión, Elías Rodríguez. “No ha llegado ningún caso”, indicó.

Además, explicó que “apenas reciba los expedientes, los tramitará según los plazos dados en el reglamento”. [ver infografía]

Congreso de la República

(Elaboración: El Comercio)

—En trámite—
Del resto de pedidos de la fiscalía, dos ya se encuentran en sede judicial.

El último es el caso del legislador del Frente Amplio Edilberto Curro. La semana pasada, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Azángaro (Puno) declaró fundado el pedido del levantamiento de inmunidad del legislador. Esta solicitud ahora debe ser analizada por la Corte Suprema.

Según la indagación, Curro habría aprobado irregularmente tres cursos de la carrera de Derecho en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez.

El otro caso en sede judicial es el de Benicio Ríos Ocsa (APP). En diciembre del año pasado, la Corte Superior de Justicia de Cusco lo sentenció a siete años de cárcel por el delito de colusión por un hecho ocurrido cuando era alcalde de Urubamba, entre el 2007 y el 2010.

Respecto a los congresistas fujimoristas Clayton Galván y Betty Ananculi, la fiscalía ya hizo los requerimientos ante el Poder Judicial.