El ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, afirmó ayer en Estados Unidos que el proyecto de ley presentado por miembros de la bancada Perú Libre con el fin de restringir el pleno ejercicio de la libertad de expresión “afecta compromisos internacionales” que el país ha asumido.
“Es algo que, ciertamente, afecta compromisos internacionales y que están inmersos, a su vez, en ámbitos tan puntuales como los derechos humanos, de los cuales, esta administración del presidente Castillo es fundamentalmente solidaria y está muy comprometida”, enfatizó el canciller.
Por otro lado, ayer se informó que el presidente Pedro Castillo habría expresado en Washington (Estados Unidos), en una reunión con empresarios peruanos, que al llegar a Lima se reunirá con la bancada de Perú Libre. Según fuentes consultadas por esta redacción, el mensaje del mandatario fue que se pronunciará recién después de ese encuentro.
Fue Ricardo Márquez, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), quien, por un lado, saludó el mensaje del presidente Castillo para generar más confianza en empresariado; pero luego le expresó la preocupación de este mismo sector por la presentación del proyecto de ley 269 por parte de Perú Libre, al advertir que la propuesta supone una amenaza para la libertad de expresión y los medios de comunicación.
El pasado 17 de setiembre, el legislador huanuqueño Abel Reyes Cam presentó el proyecto de ley número 269, donde propone declarar de necesidad pública e interés nacional “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”.
El texto incluye un artículo que permitiría al Poder Ejecutivo “dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones”, en casos en que se haya declarado una emergencia en el país.
Es decir, en situaciones de emergencia, el Gobierno podría dictar normas temporales en serio desmedro de las libertades de expresión y comunicación.
La propuesta va en la línea del plan de gobierno redactado por el dueño del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, sobre la necesidad de generar una “ley de regulación” de los medios.
El último domingo, Vladimir Cerrón expresó su tácito respaldo al proyecto de Reyes Cam, al señalar que en el país hay una “concentración de medios en manos de los ricos”.
“Si esta es una revancha o retaliación contra la radio y televisión, yo creo que están yendo más allá y están vulnerando los derechos de libertad expresión y de prensa”, alerta el abogado Erick Iriarte.
En conversación con este diario, el especialista precisó que, conforme está redactado, el proyecto no solo atañe a los medios de comunicación de señal abierta, como la radio y la televisión, sino también a las empresas e incluso usuarios de los servicios de telefonía, al incluir el término “electromagnético”.
“Al confundir términos y conceptos, ese proyecto abarca también el uso de espectro del servicio de internet y del servicio móvil. Bajo esa perspectiva, el Estado puede tomar el control de esos servicios en estados de emergencia. Lo haría de manera unilateral, ya sea en una zona territorial específica o en todo el país por emergencia, como en la pandemia”, explicó.
Sobre las implicancias para los usuarios, Iriarte precisó que “si el Estado tiene acceso a controlar las empresas de telecomunicaciones, podría tener control sobre el uso de internet, puede conocer el geoposicionamiento o geolocalización o en qué páginas navegas”.
Iriarte enfatiza que el proyecto no solo afectaría a los canales de televisión y medios radiales, sino también a otros medios de comunicación como los diarios que en forma complementaria tienen sitios web y pueden estar sujetos a un control por parte del Gobierno en situaciones de emergencia.
En opinión de Bernardo Roca Rey, expresidente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), este proyecto representaría un retroceso a los años del régimen de Juan Velasco Alvarado.
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ya adelantó que defenderán la libertad de expresión. También lo hicieron el portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, y Diego Bazán, de Avanza País.
Ayer también expresó su rechazo al proyecto la organización civil Transparencia: “La Ley de Radio y Televisión recoge los principios que garantizan la libertad de prensa y el derecho ciudadano a una información plural, veraz e imparcial. Todos debemos colaborar en su aplicación efectiva. Transparencia rechaza toda propuesta legislativa que afecte dichos principios”.
Cortesía La Republica
