Un día después de que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, amenazara con “nacionalizar” el gas de Camisea si es que el consorcio que lo explota no renegocia sus utilidades, el Gobierno comenzó el trámite para lograr dicho objetivo.
En efecto, el jefe del Gabinete, acompañado del ministro de Energía y Minas, Iván Merino, acudió ayer a las oficinas de Pluspetrol -empresa que tiene la mayor parte de acciones del consorcio a cargo de la explotación y comercialización del gas de Camisea- para entregar un oficio con el que esperan dar inicio a un “nuevo pacto”.
“Hemos venido a iniciar el proceso de renegociación, el Estado tiene que tomar acciones”, fue la escueta declaración que ofreció el premier ras llegar a las oficinas de la empresa, en San Isidro.
ESCRITO
El primer ministro presentó en el lugar un documento con el asunto: “Invitación a una reunión para iniciar un nuevo pacto que implique el proceso de renegociación de los proyectos sobre el Gas de Camisea”.
En el oficio, el Guido Bellido plasmó su propósito de “un nuevo pacto” que implique la renegociación de contratos “en beneficio del Estado peruano y en función a los intereses de la población”.
Así, el jefe del Gabinete invitó a representantes de Pluspetrol a sostener una primera sesión de trabajo en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el miércoles 6 de octubre, a las 4:00 de la tarde.
Por la noche, el ministro Merino reveló mediante un tuit que tras conversar con el premier decidieron invitar al Consorcio Camisea “para iniciar un nuevo pacto que implique el proceso de negociación de los proyectos del gas de Camisea”.
ADELANTO
Más temprano, el titular de Energía se presentó en la Comisión de Presupuesto del Congreso, donde se refirió a las promesas del Gobierno.
“Desde el principio señalamos nosotros que íbamos a hacer un nuevo pacto, un nuevo pacto en la cual muchas empresas ya se están dispuestas a revisarlo [sic]”, manifestó.
Recordó que otras tiendas políticas también se refirieron al tema de la renegociación durante la campaña.
Aunque aclaró que “no violarán ninguna norma” o “ninguna forma de trabajo”, no dijo nada respecto a si la amenaza de expropiación continuaba vigente.
“Creo que con diálogo y con mucha transparencia se pueden lograr resultados en favor de toda la población, cuando el objetivo es el bienestar de la población”, añadió.
(cortesía Correo)
