Funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura incumplieron su tarea de proteger el patrimonio, peor aún, fueron cómplices y escondieron un atentado al legado inca. La revelación fue hecha por la flamante titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, Mildred Fernández Palomino, quien denunció que algunos malos trabajadores se aliaron con traficantes de terrenos.
La grave acusación de Fernández está sustentada en cuatro documentos que fueron “cuidadosamente analizados por el equipo técnico del ministro de Cultura, Alejandro Salas”. Según la funcionaria, los trabajadores involucrados incurrieron en varios delitos, pero el principal es de atentado a la cultura.
“Un atentado al patrimonio cultural de la Nación, destrucción que fue avalada por documentación emitida por nuestra institución. Ese grave hecho fue encubierto, escondido, tapado por dos documentos del 2021, emitidos por la DDCC”, argumentó la directora ayer durante su presentación ante los trabajadores y medios de comunicación.
Tráfico de terrenos
La denuncia de Fernández tiene su inicio en el 2010 cuando presuntos traficantes de terrenos habrían ofertado terrenos en el polígono y muy cerca de la andenería inca de la zona de Machutawcaray, del distrito de San Sebastián en Cusco.
“Los documentos que tenemos demuestran que la entidad (DDCC) permitió esa venta, encubrió la amenaza de destrucción del patrimonio cultural, eso ayudó a estafar a 120 familias humildes que adquirieron sus lotes de terreno sin saber que estaban asentados en estos andenes prehispánicos”, explicó.
Insistió en que, la presunta estafa contó con la anuencia de los malos funcionarios de Cultura. Dichas familias viven en el lugar hace más de una década sin servicios básicos de agua y desagüe. “En un acto de humanidad, el ministro (de Cultura) suscribió un acta para replantear el polígono arqueológico de Machutaucaray. De esa manera se alivió el suplicio de estas 120 familias que fueron estafadas”, agregó.
Reorganización
Fernández anunció que priorizará la lucha contra la corrupción en su gestión y anunció la reorganización de la entidad. Aseguró que no apañará a funcionarios involucrados en denuncias como el caso de Machutawcaray.
“La destrucción de los andenes deberá ser investigada y los responsables deberán responder por ese gravísimo atentado a la cultura. Este tipo de hechos son repudiables, así como aquellos que lo permiten, los que lo escoden y más repudiables son los que sabiendo de estos hechos, callan con un silencio cómplice”, sentenció.
La funcionaria aprovechó la cita con los medios de prensa para respaldar al ministro de Cultura, Alejandro Salas, en la defensa de la entidad ante el DS 043 del MEF que dispone que, a partir del próximo año, la DDCC debe entregar sus recursos directamente recaudados y depender del MEF para la ejecución de proyectos, obras de preservación y transferencias a las municipalidades. El presupuesto de la entidad proviene de la recaudación que se obtiene por el ingreso a Machupicchu y otros sitios arqueológicos.
Denuncian presunta mafia en Cultura
El representante de la Comisión de Juristas del Cusco, Heraclio Cereceda, sostuvo que la denuncia evidencia la existencia de una mafia en la entidad. “Machutawcaray es apenas uno de los tantos atentados que se realizan con la anuencia de Cultura. Nosotros hemos denunciado una mafia y el tiempo nos va dando la razón… Ahi se tapan todo, ojalá la directora cumpla su compromiso”, agregó.
Cortesia(La Republica)
