Al cierre de esta nota, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, no tuvo otra opción que suspender el pleno y convocar a un cuarto intermedio para reunirse con los voceros en la Sala Miguel Grau debido a que, luego de cinco horas de debate, las bancadas no se habían puesto de acuerdo con el dictamen de retorno a la bicameralidad y reelección congresal.
La fujimorista Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, por su parte, tuvo que ceder ante los reclamos de las bancadas oficialistas, ordenando a sus asesores a que elaboren un nuevo texto sustitutorio que sea del agrado de las demás fuerzas políticas.
La dirección de Alva en la sesión y las maniobras de Juárez con el proyecto provocaron que no haya consenso.
A las 11 de la mañana el debate comenzó con la sustentación de Juárez, quien alegó que su dictamen fue producto de un largo debate en su comisión y en sesiones descentralizadas. Lo cierto es que las únicas audiencias en regiones fueron tres, una de ellas en Tacna, una semana posterior a que el proyecto se aprobara en la Comisión de Constitución.
Es decir, fue una audiencia no vinculante.
A eso se suma que el argumento de Juárez, para justificar las 53 reformas constitucionales de su dictamen, fue que el retorno a la bicameralidad implica otros cambios a la carta magna. Alva la secundaba diciendo, desde la Mesa, que se trata de un “paquete”.
De hecho, el proyecto de Juárez pretende que haya un Parlamento bicameral con 130 diputados y 60 senadores, quienes podrán reelegirse de manera sucesiva. Sin embargo, lo que no quedaba claro era por qué se incluía otros cambios.
Como, por ejemplo, que se amplíe a tres –actualmente son dos– las cuestiones de confianza denegadas para habilitar al presidente a disolver el Congreso.
Buscaban golpear a organismos electorales.
Además –el punto más controversial- que los titulares de los organismos electorales –el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el Reniec– sean incluidos en el universo de funcionarios que pueden ser denunciados constitucionalmente. Asimismo, tampoco quedaba claro por qué también sumaban a ese grupo al presidente del Banco Central de Reserva (BCRP) y a la Superintendenta de Banca y Seguros (SBS).
El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, defendió que los representantes de los organismos electorales sean incluidos en el antejuicio y juicio político, alegando que esto los protegía ante cualquier denuncia, pues esta primero debería ser revisada por el Congreso, antes de pasar al Ministerio Público.
Pero la portavoz de Cambio Democrático, Ruth Luque, refutó esta tesis, recalcando que los titulares del JNE y la ONPE, al ser pasibles de juicio político, con la reforma de Juárez podrían ser inhabilitados de la función pública, lo cual puede ser una represalia política de los grupos que conspiraban sobre la existencia de fraude electoral.
“Necesitamos garantizar la autonomía de nuestro sistema electoral”, remarcó Luque.
En tanto, el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, planteó que el dictamen de Juárez sea consultado en un referéndum. Es decir, que en esta legislatura el Pleno apruebe el texto con mayoría simple y que luego la ciudadanía dé su veredicto en las elecciones de octubre. Este pedido no encontró eco.
Carlos Zeballos, de Perú Democrático, cuestionó que la Comisión de Constitución pretenda hacer 53 cambios a la carta magna, cuando semanas antes rechazó el proyecto de ley para consultar a la ciudadanía si desea una asamblea constituyente.
El proyecto de Juárez, al tratarse de reformas constitucionales, necesita de 87 votos a favor en dos plenos de legislaturas distintas. No hay ese nivel de apoyo en el Congreso.
Hay más dudas que votos.
Debido a eso, la congresista del Partido Morado Susel Paredes pidió que solo se discuta en el Pleno el retorno a la bicameralidad y la reelección, y que los demás puntos retornen a comisión para un análisis más agudo.
Juárez y Alva, en coro, se opusieron. Paredes insistió y solicitó que se debata punto por punto la iniciativa. Alva calificó la demanda de absurda. Eran las 6:14 de la tarde y el debate en el hemiciclo eran un desorden.
Juárez, en un gesto que aparenta que está cediendo ante los reclamos del oficialismo y la izquierda, anunció que elaborará un nuevo texto sustitutorio donde no se incluirá a los titulares de los organismos electorales como pasibles de denuncias constitucionales.
Alva, por su lado, convocó a reunión de voceros. Supuestamente allí Juárez iba a distribuir el nuevo dictamen a los congresistas. Su anuncio implicaba un retroceso en las pretensiones de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular por desacreditar al JNE y la ONPE.
La votación del dictamen será el martes 12. Tienen el fin de semana para negociar con el oficialismo. Caso contrario, las pretensiones del fujimorismo y sus aliados pasarán al archivo. Sería una nueva derrota. ❖
En 2018 intentaron esta maniobra
En 2018, la ciudadanía en un referéndum rechazó el retorno a la bicameralidad y la reelección congresal. Fuerza Popular, ese año, también a través de la Comisión de Constitución, pretendió incluir la reelección de senadores y diputados en el proyecto de ley que creaba un Congreso con dos cámaras. Debido a esa maniobra, la población les dijo que no.
En los planes de Fuerza Popular no está someter el dictamen de Patricia Juárez a consulta popular, pues el resultado sería un fracaso para sus aspiraciones. Por eso urgen conseguir los 87 votos a favor.
Cortesia(La Republica)
