El Poder Judicial admitió a trámite la apelación fiscal para que se revoque el fallo que habilita al expresidente Martín Vizcarra a poder declarar a la prensa sobre el proceso penal que afronta por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador de Moquegua.
El exjefe de estado se encuentra habilitado por el Poder Judicial para poder brindar declaraciones a la prensa sobre el proceso penal que afronta por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñó como autoridad regional.
Mediante una resolución emitida el último 27 de diciembre, la jueza Margarita Salcedo declaro fundada la solicitud que hizo Martin Vizcarra para que se levantara la restricción en la que se le prohibía informar en los medios de comunicación masiva aspectos relacionados al contenido de este proceso penal como parte del mandato de comparecencia con restricciones que pesa en su contra dentro de este caso.
Ante ello, el Fiscal Germán Juárez Atoche presentó un recurso de apelación para que la instancia superior revoque dicha resolución judicial.
La Jueza Salcedo Guevara resolvió “conceder” y admitir a trámite este pedido y remitir dicho recurso a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional para que lo evalúe en una audiencia a programar con la participación de las partes involucradas para emitir una decisión final al respecto.
El Fiscal Germán Juárez Atoche pidió que se imponga 15 años de prisión a Martin Vizcarra luego que aspirantes a colaboradores eficaces declararon ante su despacho sobre presuntos sobornos que habría recibido cuando fue autoridad regional por parte de empresas vinculadas al caso “Club de la Construcción” a cambio del Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y de la construcción del Hospital de dicha región del sur del país.
Más investigaciones
La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lavo Jato solicitó al Poder Judicial que ordene la incorporación de cuatro empresas como “tercero civil responsables” dentro del proceso penal seguido al expresidente Martín Vizcarra por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñó como gobernador regional de Moquegua.
Esta empresas son Obras e Ingeniería S.A – Obrainsa, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.C – ICCGSA, Astaldi S.A e Incont Contratistas Generales S.AC., las cuales, para la defensa legal del Estado peruano, tendrían vinculación con los hechos materia de investigación por lo que deberían asumir el pago de una eventual reparación civil que se le pueda imponer a Martín Vizcarra a favor del Estado en caso el exmandatario no pueda cubrirlo con su patrimonio.
La jueza Margarita Salcedo admitió a trámite la solicitud de la Procuraduría Ad Hoc y dispuso remitir este pedido a las demás partes procesales para que tomen conocimiento de su contenido y presentar sus descargos respectivos. Posteriormente, se someterá a una evaluación en audiencia a programar a fin de emitir una decisión al respecto.
Cortesía (RPP)
