Luego de varios meses de demora, la acusación constitucional que presentó la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Pedro Castillo será debatida este viernes en el Congreso.
La decisión se tomó luego de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara con 19 votos a favor el informe final que recomienda acusar constitucionalmente al exmandatario. El documento – en el que se le imputan delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión– fue elaborado por el congresista de Avanza País, Diego Bazán, y aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lo que corresponde ahora es que el Pleno del Congreso decida acusar o no al expresidente que hace dos meses lo quiso disolver inconstitucionalmente.
Los pasos a seguir
El expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, “lo que hará el Congreso es determinar si los hechos tienen naturaleza penal, si se le imputa alguna conducta en relación a estos hechos, y si existen determinados indicios de que él habría tenido participación”. Asimismo, el constitucionalista dijo que cuando el Congreso aprueba la acusación constitucional “le ordena al Ministerio Público que inicie el proceso (contra Castillo) en función a las consideraciones que el propio Congreso establece”.
Según el reglamento del Congreso, para que el Pleno apruebe una acusación constitucional, se necesita que la mitad más uno del número de miembros del Congreso vote a favor. Es decir, 66 congresistas como mínimo. Sin embargo, el reglamento señala que en el Pleno no podrán votar los miembros de la Comisión Permanente, la cual está conformada por 32 congresistas de forma proporcional al número de integrantes que tiene cada bancada, incluidos el presidente y vicepresidentes del Congreso.
Abogado penalista Andy Carrión, señaló que Pedro Castillo aún mantiene ciertas prerrogativas de cuando era presidente, que impiden que la investigación por corrupción en su contra pueda avanzar hacia una siguiente etapa. Actualmente, la pesquisa se encuentra en etapa preliminar. Si el Congreso decide aprobar la acusación constitucional, la fiscal de la Nación procedería a iniciar la investigación preparatoria contra el exmandatario, explicó Carrión.
LO QUE PUEDE VENIR
Carrión aseguró que “pasar a la siguiente etapa, hace que la Fiscalía pueda hacer una serie de pedidos, por ejemplo, el levantamiento del secreto de las comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario, entre otros”. Asimismo, el penalista deslizó la posibilidad de que la Fiscalía incluso podría solicitar 36 meses de prisión preventiva para Castillo. Aquello no suena descabellado dado que dijo que “la investigación preparatoria suele durar de 2 a 3 años, y estimó que recién en 4 años se iniciaría el juicio contra el expresidente vacado por golpista.
García Toma y Carrión explicaron que deberá ser la Corte Suprema la que lleve a cabo el juicio contra Castillo una vez culmine el proceso de investigación.
El detenido exmandatario deberá responder ante la justicia por todas las investigaciones que pesan en su contra por presuntos delitos de corrupción y, la última, que terminó con su gobierno: rebelión y conspiración.
Cortesía (Perú21)
