Tal y como se advirtió desde un inicio, la aprobación de la Ley 31520 ha traído consigo consecuencias que jugarían en contra de la educación superior, iniciando por la apresurada forma en la que se quiere elegir al próximo superintendente de la entidad que regula a las universidades a nivel nacional: Sunedu.
Y es que, ahora la elección del titular de la Sunedu se hará entre siete miembros de un Consejo Directivo que debería tener dos representantes de universidades públicas, uno del Ministerio de Educación (Minedu), otro del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú, uno del Concytec y los dos últimos representantes del Sineace y universidades privadas.
Sin embargo, desde que se promulgó la Ley en junio del 2022, de estos siete miembros sólo hay cuatro y, pese a que faltan otros tres por seleccionar, el ministro de Educación, Óscar Becerra, no ha hecho nada para impedir que se lleve a cabo la votación programada para hoy.
Irregularidades
Fuentes de Perú21 denunciaron que lo que más preocupa sobre la situación que se vive son las irregularidades del proceso. Por ejemplo, el representante del Minedu, Andrés Ramos, es un docente que hace menos de un año (marzo de 2022) se presentaba como trabajador en la Universidad de San Martín de Porres, cuando la Ley menciona que “no pueden designarse personas relacionadas con actividades reguladas por la Sunedu y en caso de haberlo sido, deberán haber cesado dos años antes”.
Además, respecto al representante del Sineace, el propio ministro Becerra envió un documento donde pide suspender el proceso de elección.
Por otra parte, “ambos representantes de las universidades públicas fueron elegidos en una reunión privada por la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón”, señalan las fuentes.
“Se está buscando elegir un superintendente contrarreforma universitaria bloqueando la designación del Sineace y obviando a otros representantes”, denunciaron a este diario.
Datos
Los congresistas que impulsaron y aprobaron la Ley 31520 son los mismos que defienden a las universidades que no obtuvieron licencia por parte de la Sunedu.
Pese a que la Sunedu llevó el caso ante el TC los parlamentarios hicieron una jugada que terminó por aprobar la norma.
Cortesía (Perú21)
