En medio de la crisis política y social que atraviesa el país, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley con el propósito de endurecer las penas de delitos vinculados a las protestas, que se realicen durante la declaratoria del estado de emergencia.
La iniciativa legislativa propone cambios en al menos 15 delitos establecidos en el Código Penal y cinco artículos del Nuevo Código Procesal Penal, relacionados -entre otros- a la ampliación del plazo de detención policial.
El documento, que lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola, fue remitido al Congreso de la República el pasado 17 de febrero y se encuentra en la comisión de Justicia para su estudio desde el último miércoles.
En el oficio que acompaña el proyecto de ley, el Gobierno señala que la propuesta busca “reforzar la respuesta del Estado” frente a delitos que afectan a la vida, el cuerpo y la salud, así como los bienes públicos y privados cometidos en medio de un estado de emergencia.
Además, se insta al titular del Parlamento a dar el trámite con carácter de “urgencia” al referido documento.
DETALLE. El proyecto de ley del Gobierno N°4271/2022-PE, de 28 páginas, propone cambios en el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal respecto a delitos y acciones emprendidas durante la vigencia de la declaratoria de un estado de emergencia.
Entre las principales modificaciones se observa la ampliación de los años de pena privativa de libertad de los infractores.
En el caso de lesiones leves que desencadenen la muerte de la víctima, el transgresor podía recibir entre 6 a 12 años de cárcel. No obstante, con la propuesta del Ejecutivo este rango cambia por 8 a 14 años.
Situación similar ocurre en cuanto a violación de domicilio que pasa de una pena no mayor de 2 años, a una entre 2 a 4 años.
En hurto agravado se amplía la sanción de 3 a 6 años por 8 a 15 años cuando el agente actúa en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización criminal.
En tanto, por fabricación, comercialización, uso o porte de armas las penas pasarían de ser entre 6 a 10 años a 12 a 20 años; mientras que, por atentado contra los medios de transporte el rango cambia de 3 a 6 años por 8 a 20 años.
Asimismo, respecto a disturbios, delito que se sanciona con una pena entre 6 a 8 años, la sanción sería no menor a 15 años si el hecho generado causa la muerte de personas o se comete durante la vigencia del estado de emergencia.
La iniciativa propone, entre otros aspectos, una ampliación en el plazo de detención por parte de la Policía Nacional. Si inicialmente este periodo comprende solo 24 horas, con los delitos cometidos en el contexto del estado de emergencia, el plazo se podría extender a un periodo no mayor de 48 horas.
Cortesía ( DiarioCorreo)
