La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor del Congreso debilita “la institucionalidad del sistema democrático” y expone al Estado a cuestionamientos ante el sistema judicial supranacional y al control de convencionalidad, advirtió la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem).
La institución que agrupa a jueces de primera y segunda instancia explica que el proceso de conflicto de competencia resuelto a favor del Parlamento afecta el equilibrio de poderes “al considerar que no procede el control judicial sobre las decisiones del Congreso, estableciendo una zona exenta de control, más allá de donde las resoluciones judiciales no habían intervenido”.
Anota que la referida sentencia “es contradictoria con la línea jurisprudencial del TC y de la Corte IDH, respecto del control de los actos del poder público”, al afectar “la defensa de los derechos fundamentales mediante el proceso de amparo, al ignorar los derechos invocados al debido proceso y a los principios de transparencia, meritocracia y participación ciudadana”.
Igualmente, señala que la decisión del TC de disponer que la Junta Nacional de Justicia investigue a los jueces que resolvieron los procesos de amparo en contra del Congreso constituye un acto de amedrentamiento directo y grave vulneración a la independencia judicial, situación inaceptable en un Estado constitucional.
En otro punto, el Jusdem indica que la sentencia del TC incurre en una grave violación al debido proceso al declarar la nulidad de las resoluciones en los procesos de amparo, pues el objeto de un proceso competencial solo permite la nulidad de actos y resoluciones administrativas, y no de sentencias judiciales.
“En esta situación atípica, el propio TC incurre en infracción constitucional, pues no se debe convertir la demanda competencial en un recurso impugnatorio más”, subraya. Además, que el mismo TC ha resuelto anteriormente que la única vía para cuestionar resoluciones judiciales es el “amparo contra amparo” y no el proceso competencial.
El Jusdem rechaza la ruptura del equilibrio de poderes y solicita que todas las instituciones públicas y académicas se pronuncien en defensa del Estado constitucional y la democracia en el país.
Cortesía (LaRepública)
