Estados Unidos aseguró que existe un “importante problema” de impunidad ante los abusos cometidos por las fuerzas del orden en Perú durante las protestas. En su reporte anual sobre derechos humanos, el Departamento de Estado de EE. UU. afirmó que la “falta de repercusiones” ante las denuncias de abusos por parte de la Policía en Perú generan preocupación entre los ciudadanos.
Mencionó que hubo múltiples denuncias de muertes, torturas y tratos inhumanos perpetrados por las fuerzas del orden peruanas durante las protestas por las que atravesó el país el año pasado. “El Gobierno no impidió de manera efectiva los abusos o castigó a quienes los cometieron”, anota el informe difundido ayer. Asimismo, recoge las cifras del Ministerio de Salud (Minsa) que registró 28 muertes durante las movilizaciones en diciembre del 2022.
Efectivamente, a dos semanas del inicio de estas, ya se había producido esta cantidad de víctimas. De ellas, 22 fueron a causa de los enfrentamientos de manifestantes con policías y militares, mientras que seis fallecieron por accidentes y bloqueos de vías en el contexto de las protestas.
Protestas válidas
El reporte anual del Departamento de Estado de EE. UU. refiere que los ciudadanos salieron a las calles a expresar su descontento con la crisis política y social luego de que la actual mandataria, Dina Boluarte, asumiera la presidencia por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo por intentar cerrar el Congreso, intervenir en la judicatura y gobernar por decreto.
También menciona que en este periodo de agitación social, asociaciones de periodistas en el Perú denunciaron un incremento en la agresión y la intimidación a los trabajadores de la prensa que cubrieron los eventos. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP), en su reporte anual del 2022, sostuvo con las pruebas correspondientes que se registraron 303 ataques contra hombres de prensa, el número más alto desde el 2005.
Y, en un informe posterior, este gremio dio cuenta de las agresiones padecidas por reporteros y fotoperiodistas desde que Dina Boluarte asumió el cargo en diciembre del 2022. Reportó que fueron 153 ataques en poco más de un mes de protestas.
Otras voces
Este informe ratifica lo que en enero declararon expertos al portal DW: que la impunidad solo alimentará la violencia. Además, señalaron que, mientras el Gobierno de Dina Boluarte niegue los graves abusos de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, las calles no se pacificarán. Destacaron también el hecho de que, a 30 días del mandato de Boluarte, las movilizaciones tenían un saldo de 40 muertos, siendo la jornada más trágica la que se vivió el 9 de enero en Juliaca, cuando fallecieron 17 personas en choques violentos con la Policía.
“Las fuerzas de seguridad no están actuando conforme a la ley”, afirmó entonces Johanna Pieper, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA, por sus siglas en inglés). En entrevista con DW, la consultora subrayó en que el abuso excesivo de la Policía y las Fuerzas Armadas había llevado a más muertos que días de Boluarte en la presidencia.
En tanto, Raúl Tecco, director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert en Perú, se pronunció para no dejar un clima de impunidad. “Las fuerzas del orden están actuando de manera desproporcionada y desmedida. Un soldado no dispara si no tiene el respaldo de sus superiores”, aseguró.
El vocero agregó que persistía la idea, sostenida temerariamente por el Ejecutivo, de que las protestas son un “acto subversivo o terrorista producto de Sendero Luminoso” y que la violencia policial que se estaba aplicando evidencia “un desprecio que oculta el odio y el racismo soterrado que se vive en el país porque casi todos los muertos son de ascendencia andina y de origen indígena”.
Robert Helbig, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Perú, insistió también en la necesidad de “identificar plenamente a los responsables de los excesos y que estos reciban una sanción ejemplar para no dejar un clima de impunidad”.
Investigaciones con celeridad y con especialidad en Derechos Humanos
La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, dijo que hay dos investigaciones para determinar responsabilidades sobre el excesivo uso de la fuerza por parte de la PNP en las protestas. “Una en el fuero común para las personas que no son aforadas y establecerá responsabilidades directas: quién disparó y por orden de quién. Hay otra investigación a partir de una denuncia en Ayacucho que es para personas aforadas en la que está la investigación contra la presidenta”, dijo.
“Estas investigaciones deben darse con celeridad y con especialidad en derechos humanos para ver si solo hay responsabilidades directas o si en cadena de mando llegan hasta niveles superiores”, agregó.
Cortesía (LaRepública)
