Desdibujar los principios democráticos para burlar la ley y embaucar a la ciudadanía con la finalidad de enriquecerse indebidamente pinta de cuerpo entero a la clase política que parece haberse vuelto enemiga del Perú. Queda justificada, con toda razón, la opción de no reelección de congresistas que arrasó por amplia mayoría en el último referéndum.
alvo algunas honrosas y loables excepciones, la actual representación congresal parece estar empeñada en una campaña de desprestigio permanente contra el Congreso de la República. Como si se propusieran mellar la confianza de la ciudadanía en las bases democráticas de nuestra nación. A las dilaciones burocráticas para atender con urgencia la reforma del Sistema de Justicia, las demoras en el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de congresistas sorprendidos en la comisión flagrante de delitos comunes, el sabotaje permanente a la lucha contra la corrupción comandada por el ala independiente de la Fiscalía, entre otras acciones que sería largo enumerar, se suma ahora un nuevo escándalo: los cobros indebidos de los viáticos asignados a la Semana de Representación de, en principio, seis congresistas.
La Semana de la Representación nació en el 2009 con el propósito de que los y las congresistas pudieran acudir a la ciudad a la que representan e hicieran seguimiento de los proyectos de inversión pública concertados: la labor inicial era, en esencia, de fiscalización; también se incluyó el rendimiento de cuentas a través del informe sobre el trabajo congresal y se abrió una canal de diálogo para recoger las inquietudes concretas de la ciudadanía en el distrito electoral.
En teoría, los congresistas regresaban a Lima con la información obtenida para procesarla y elaborar propuestas de mejoras. La Mesa Directiva del 2017 suprimió la obligación de rendir cuentas por estos gastos yendo en contra del principio de transparencia.
Como si hubieran desarrollado el don de la ubicuidad o, cuando menos, el talento para estar en dos lugares distintos simultáneamente, parece que los congresistas han incurrido en los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica. La Fiscalía ya actúa las diligencias del caso para determinar responsabilidades. La premura con la que han querido anticiparse algunas voces apañadoras para trivializar el asunto no hace sino poner en evidencia la gravedad del entuerto: gato con guantes no caza ratones.
No cabe justificar que el cobro resulta indebido porque se hizo por descuido o distracción: la ley se presume conocida y es de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos. Ir contra lo que expresamente manda o prohíbe la ley es grave, tanto más si quienes la incumplen son los mismos que la emiten.
No cabe tampoco escudarse detrás del argumento pseudoético de que el cobro no resulta indebido porque corresponde como aguinaldo adicional por las denodadas labores realizadas por los congresistas y su agenda siempre recargadas de trabajo y actividades: los funcionarios públicos ya tienen un sueldo asignado conforme a ley y cualquier aumento o disminución tiene canales y vías estrictas que deben buscar siempre la mayor transparencia posible. Porque, en resumidas cuentas, esos sueldos se pagan con dinero proveniente de los impuestos con que se carga permanentemente a la ciudadanía. Para decirlo más llanamente: aquí como en la Roma imperial, los sueldos de los funcionarios públicos se pagan con el trabajo del pueblo.
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