Las manifestaciones volvieron a la vía nacional conocida como el Corredor Minero del Sur. Este lunes 19 de agosto, desde tempranas horas, decenas de comuneros de la zona de Velille en la provincia cusqueña de Chumbivilcas, retomaron su protesta y se apostaron en plena carretera, exigiendo intermediación del Gobierno frente a lo que ellos denominan, atropellos por parte de la empresa minera MMG Las Bambas.
Coincidiendo con la visita del premier Guido Bellido a Cusco, con quien a inicios de mes acordaron una tregua de 60 días, los pobladores cusqueños enfilaron sus reclamos hacia la empresa privada, a la que acusaron de no instalar una mesa de diálogo como habían acordado, ni retomar las conversaciones sobre su pliego de reclamos.
En este escenario, el presidente del Consejo de Ministros, aseguró que estas protestas no son legítimas del pueblo, sino que son propiciadas por intereses de terceros, incluso deslizó la posibilidad de que la oposición al gobierno de Pedro Castillo esté tras estas manifestaciones.
“Lamentablemente hay ciertos abogados que vienen azuzando a la población, hay oscuros intereses; estamos evaluando solucionar todo de manera integral, no beneficiar a uno o dos abogados, eso sería totalmente nefasto. Tenemos informes que abogados están trabajando con las personas que hoy buscan desestabilizar este gobierno, han venido personas que no son de la zona a indicar que se deben retomar las protestas”, aseguró el premier.
Al ser consultado sobre si sabía los nombres de estos supuestos azuzadores, Bellido Ugarte señaló que ya los tienen identificados y que en su momento develará las identidades “Hay personas que han ido a azuzar a los campesinos sobre lo que nosotros ya hemos conversado, hay mucha gente que vive de este problema”, acotó.
Mientras tanto una vez más está en riesgo el transporte de mineral, además de estar latente este conflicto minero, que ya ha dejado personas heridas este año. Los comuneros exigen que se anule la designación de la señalada carretera como vía nacional, ya que según ellos vulnera sus derechos y la determinación se tomó de manera inconsulta. Además, piden una compensación económica por los daños que ellos aseguran tener debido al polvo que levantan los camiones de concentrados al paso por sus comunidades. También solicitan el pago por derecho de servidumbre.
(cortesía Correo)
