La Defensoría del Pueblo se mostró a favor de que se exija a las personas la presentación del carné de vacunación que acredita las dos dosis contra el Covid-19 para determinados espacios y actividades, tal como lo señala el DS n.° 168-2021-PCM que aplica desde el próximo 15 de diciembre.
La Defensoría resalta que si bien la ley n.° 31091 señala el carácter voluntario de la vacuna, también existe la ley n.° 26842, que permite limitar derechos a favor de la salud pública.
En diálogo con La República, el titular del sector Salud (Minsa), Hernando Cevallos, se pronunció sobre lo dicho por el parlamentario, asegurando que se respetan todas las opiniones, pero el ente rector ‘’tiene una clara posición en defensa de la vida y de la salud, de la población’’. Agrega que está científicamente demostrado que las personas no vacunadas tienen un mayor riesgo frente al Covid-19 y que contagian más.
En esa línea, Alicia Abanto, adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, explica que ‘’es importante que la población tome en cuenta que no hay ningún derecho que sea ilimitado, por tanto, los derechos en general pueden ser limitados por el Estado’’.
En este caso, el Estado debe tener presente que la vacunación trae consigo implicancias individuales y colectivas, por lo que, si una persona no se inocula, entonces la implicancia colectiva es que el virus continúe circulando y mutando.
‘’Para garantizar la salud pública el Estado está habilitado, por la Constitución y la ley, para limitar los derechos de las personas’’, precisa.
