El Pleno del Congreso sesionará este martes a las cuatro de la tarde y uno de los principales temas de la agenda es la autorización a la presidenta de la Mesa Directiva, Lady Camones (APP), para el trámite de una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), respecto de los fallos y medidas cautelares del Poder Judicial en relación con los actos parlamentarios.
Esta apuesta del Congreso por desconocer las decisiones judiciales se da luego de las dos medidas cautelares concedidas por un juez constitucional, a través de las cuales ordenó la suspensión de los procesos de elección del nuevo defensor del Pueblo, al advertir posibles actos inconstitucionales.
La primera medida cautelar concedida fue contra la comisión que presidía María Alva, quien hacía las veces de décima integrante de la comisión especial, vulnerando la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que establece un máximo de nueve miembros.
El Congreso había optado por ningunear esta decisión judicial e inició un nuevo proceso, pero la autoridad judicial amplió la medida cautelar contra la segunda comisión especial, que estuvo presidida primero por Freddy Díaz Mónago (acusado de violación sexual) y luego por Manuel García, ambos de APP.
El juez constitucional ordenó la suspensión del segundo proceso hasta que se resuelva la demanda de amparo de fondo que presentó el Sindicato de la Defensoría, por la vulneración de principios y estándares internacionales.
Precisamente, ayer el sindicato defensorial remitió una carta a la titular del Parlamento, Lady Camones (APP), instándola a acatar las decisiones del Poder Judicial.
“Conforme al principio constitucional de independencia de la función jurisdiccional, ninguna autoridad puede interferir con las funciones del juez ni retardar la ejecución de sus resoluciones”, le recuerdan.
El gremio defensorial también pide al Congreso “que se garantice a todos los peruanos y peruanas un proceso abierto, meritocrático, transparente y participativo para la designación del defensor/a del Pueblo”.
Control constitucional
La especialista en derecho constitucional Ana Neyra consideró que sería peligroso que el TC resuelva a favor de la demanda que pretende tramitar el Congreso, “porque estaría limitando las funciones de un juez y estaría creando un suprapoder que estaría por encima de la Constitución”.
“Muchos consideramos que la resolución del Poder Judicial (sobre suspensión de elección del defensor) tiene justificación, por algunas irregularidades como la falta de transparencia y porque María Alva quería incorporarse como integrante de la comisión, yendo contra la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo”, apuntó.
La también exministra de Justicia recalcó que el TC debe ser cuidadoso sobre lo que pueda decidir, respecto de una decisión legítima adoptada por un juez. “El Congreso tiene que respetar la Constitución; no es que puedan hacer las cosas de cualquier forma sin respetar la Constitución”, agregó.
El constitucionalista Omar Cairo hace hincapié en que ningún poder del Estado está exento de control y esto aplica para el Congreso de la República.
“El órgano legislativo tiene determinadas funciones, pero estas no están exentas de control sobre el correcto ejercicio desde el punto de vista jurídico y constitucional, y ese control lo tienen los jueces”, explicó.
Cortesía (La Republica)
