El jefe del Gabinete Aníbal Torres intentó desacreditar y burlarse de los cuestionamientos que pesan sobre los contratos con el Estado de su hermano Víctor Torres. Dijo que “si gana millones… muéranse de envidia los que están en contra de eso; gana su dinero honestamente”. Sin embargo, al interior de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo no piensan igual que el premier.
La fiscal provincial Tania Bravo acusó formalmente al hermanísimo del delito de colusión agravada en la modalidad de cómplice. Y tras una exhaustiva investigación, pidió hace unos meses al Poder Judicial que lo sancione con una pena de nueve años de cárcel, pedido que viene siendo evaluado.
El caso que involucra al hermano del primer ministro tiene que ver con la adjudicación irregular de una obra para el mejoramiento del pavimento y veredas del Casco Central de Chiclayo (Lambayeque), licitada en el segundo semestre del 2013 por más de S/8 millones.
Según las indagaciones, Víctor Torres, representante del Consorcio Transatlántica, habría “concertado”, entre otros, con el exalcalde de Chiclayo Roberto Torres, actualmente preso y quien, según el Ministerio Público, es cabecilla de la organización criminal ‘Los Limpios de la Corrupción’.
La investigación –que incluye al hijo del empresario– determinó una serie de irregularidades a lo largo de todo el proceso de licitación.
Desde los requisitos estipulados en las bases del concurso que, se indica, “estaban direccionados a limitar y restringir la posibilidad de los demás participantes”, “con el fin de tener menor cantidad de competidores del Consorcio Transatlántica”.
Además, los miembros del comité especial de contrataciones llegaron a postergar hasta en seis oportunidades la etapa de absolución de observaciones. Ello para darle mayor tiempo a la empresa del hermano del hoy primer ministro para renovar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, requisito indispensable para el proceso.
“Tales postergaciones le valieron a la indicada empresa para ganar tiempo y lograr su renovación antes de la fecha de presentación de propuestas”, remarca la Fiscalía.
Posteriormente, un testigo de la Fiscalía evidenció “la clara intencionalidad” del comité especial para “desestimar” la propuesta técnica presentada por el otro consorcio competidor, siendo evaluada “con mucha acuciosidad”.
Claro está, esta misma evaluación con rigor no ocurrió con el consorcio del hermano de Aníbal Torres, pasando por alto detalles importantes como que el nombre y DNI del administrador de obra propuestos eran diferentes en la documentación.
“Sin embargo, pese a todo ello se admitió la propuesta de este consorcio, procediendo a calificarla otorgándole el máximo puntaje de 100 puntos a la propuesta técnica”, se refiere en la acusación.
Así las cosas, finalmente en octubre del 2013 se suscribió el contrato entre la Municipalidad Provincial de Chiclayo y el consorcio representado por Víctor Torres. Se adjudicó el proyecto por el valor referencial de S/8′359,003.
Sin embargo, la Fiscalía ha estimado que luego de la ejecución de la obra se generó “un gasto adicional” de S/76,945. ¡No más pobres en un país rico!
Cortesía (Peru21)
