La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite, con 13 votos a favor, la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
«Siendo esta la etapa postulatoria y estando que la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público cumple todos los requisitos de admisibilidad (…) corresponde a esta subcomisión admitir y dar trámite a la presente denuncia constitucional a fin de iniciar las investigaciones dentro del marco del debido procedimiento en sede parlamentaria», acordó el grupo congresal.
La denuncia constitucional ha entrado en una etapa probatoria en la que Pedro Castillo puede ser convocado a ejercer su defensa, antes de que el grupo de trabajo emita su informe final, si este procede pasará a la Comisión Permanente, como antesala de la votación en el pleno, donde, para prosperar, requerirá los votos de la mitad más uno de los legisladores del hemiciclo.
Patricia Benavides, titular del Ministerio Público, presentó el pasado 11 de octubre la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. La medida también alcanza a los exministros Juan Silva Villegas y Geiner Alvarado López, presuntos integrantes de una organización criminal que habría actuado en agravio del Estado.
El presidente Castillo afronta hasta seis carpetas de investigación por parte del Ministerio Público. Los exministros aparecen en algunas de estas carpetas fiscales como investigados por diversas licitaciones de obras.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, indicó que esta denuncia constitucional se da como parte del hallazgo de una sospecha fundada en la comisión de dichos delitos en los casos denominados ‘Ministerio de Transportes y Comunicaciones’, ‘Puente Tarata’, ‘Petroperú’ y ‘Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento’.
Poder Judicial rechazó demanda de amparo
El Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró infundada la demanda presentada por el presidente Pedro Castillo en contra de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del período 2021-2022. El pedido del mandatario pretendía anular el informe aprobado por el referido grupo de trabajo parlamentario sobre la demanda constitucional por una presunta traición a la patria.
El fallo precisa que el jefe de Estado «puede ser sometido a procesos de acusación constitucional, antejuicio y juicio político sin que ello suponga lesión a derecho constitucional alguno».
«Se precisa que el demandante fue elegido constitucionalmente y ostenta el más alto cargo público del país; sin embargo, ello no implica que quede exento del control político; no siendo competencia del juzgado constitucional evaluar la legitimidad de los argumentos y pruebas con las cuales la Sub Comisión demandada acusa la infracción constitucional y la existencia de indicios de la comisión del delito», se lee en el documento.
Cortesía (RPP)
