El abogado Ananías Narro, autor de la demanda de amparo que busca anular las acciones en el Congreso contra el presidente Pedro Castillo, afirmó que las investigaciones que se siguen al mandatario tienen un origen viciado desde que Pablo Sánchez, Fiscal de la Nación hasta junio de 2022, inició un proceso al jefe de Estado.
«Lo que pasa es que el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, genera un camino constitucional, entre comillas, y comienza a investigarlo. Hay que ser claros, el Fiscal de la Nación no tiene prerrogativas constituyentes […] Desde ahí nace lo anticonstitucional de todo el proceso de investigación contra el presidente de la República», dijo.
«Si el nacimiento, si la génesis del proceso de investigación nació anticonstitucional, entonces todo lo demás es anticonstitucional», agregó.
Narro sostuvo que la Comisión de Fiscalización que preside el congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular) viola los derechos fundamentales del presidente, puesto que los supuestos delitos atribuidos a Pedro Castillo no calzan con los artículos 113 (motivos de vacancia) y 117 (motivos de acusación) de la Constitución.
«El 117 precisa con claridad que el presidente solo puede ser acusado por cuatro delitos, entre ellos traición a la patria y otros vinculados a procesos electorales y la Constitución no determina que el presidente en el ejercicio de su mandato debe ser investigado», manifestó.
Como se recuerda, el presidente Pedro Castillo es investigado en la Fiscalía por ser el presunto responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en seis casos. Investigaciones que, además, se replican en el Congreso.
Asume la defensa de Pedro Castillo en «el ámbito constitucional»
Narro afirmó que ha asumido de manera oficial la defensa de Pedro Castillo «en el ámbito constitucional». Esto luego de que los demás integrantes del equipo de abogados del presidente han dicho que no tienen relación con la demanda de amparo presentada contra el Congreso el último miércoles ante la Corte Superior de Lima.
Respecto a la demanda, el Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró este jueves su incompetencia sobre este caso por razón de la función o grado y ordenó que sea derivada a la Sala Constitucional que corresponda.
Ello porque el amparo de Pedro Castillo va dirigido al Congreso de la República. «(…) mediante el presente proceso de amparo el accionante está cuestionando decisiones de los Órganos del Congreso de la República que se encuentran sometidas a un procedimiento parlamentario».
Cortesía (RPP)
