El último sábado un operativo policial en la Universidad San Marcos ha generado una gran controversia. Un total de 193 personas fueron detenidas, de las cuales 192 salieron en libertad un día despúes. Al respecto, los abogado Julio Rodríguez y Carlos Rivera analizaron la situación jurídica de la intervención.
Julio Rodríguez explicó que la intervención de la Policía se dio en el marco del estado de emergencia y por ello el operativo no necesitaba contar con la presencia del fiscal.
«La Policía puede actuar siendo estado de emergencia o no, de acuerdo al Código Procesal Penal sin intervención de la Policía en flagrancia delictiva. La PNP argumenta que en esos precisos momentos se estaban realizando actos de usurpación y probablemente, de acuerdo a los comunicados que habrían recibido de inteligencia, otro tipo de delitos se estaban gestando al interior», sostuvo.
Por otro lado, el abogado indicó que la investigación de la Policía Nacional sobre los manifestantes que estuvieron en San Marcos puede darse con los involucrados en libertad. En ese sentido, recordó que solo uno de los detenidos sigue así porque tiene requisitoria.
«La regla de cualquier procedimiento de investigación es en libertad, la excepción a la regla es restricción a la persona o comparecencia restringida, es lo que corresponde. No me queda dudas», sostuvo.
Por otro lado, afirmó que la Policía puede utilizar violencia legitimada en la Constitución y solo constituye un acto desproporcionado cuando el uso de la fuerza legítima genera un resultado lesivo innecesario. En tal sentido indicó que nunca se reportaron que entre los detenidos hubieran lesionados.
Fue una operación política
Carlos Rivera, abogado penalista, resaltó que ninguno de los detenidos en la intervención realizada en San Marcos tiene una carpeta fiscal ni se les ha imputado algún tipo de cargo. En su opinión, este operativo ha sido más político que otra cosa.
«El hecho de que la Policía, por orden del Ministerio Público, los haya puesto en libertad, eso significa que no se ha levantado ningún tipo de cargo. Ese dato es contundente y demoledor, además, no hay carpeta fiscal contra ellos. La operación del sábado ha sido política ejecutada por el Sétima Región Policial», expresó.
Rivera señaló que en siete semanas de manifestaciones el gobierno ha señalado la presencia de azuzadores, pero no se ha presentado a ningún detenido y cuestionó el trabajo del Mininter.
El abogado remarcó que aquellos violentistas que atacaron sedes judiciales y aeropuertos sí deben ser sancionados pues no se puede permitir ese tipo de acciones en el país.
Cortesía (RPP)
