El jueves 23 de febrero, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió una demanda competencial a favor del Congreso de la República, lo que le permitirá mantener decisiones que le competen exclusivamente a ese poder del Estado.
Entre sus puntos, el TC exhortó al Parlamento a reformar el artículo 99 de la Constitución, así como el Reglamento, para incorporar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales(ONPE) y al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil(RENIEC).
El mencionado artículo permite acusar ante el Congreso al presidente, a legisladores, ministros, integrantes del TC y otros altos funcionarios.
Y si bien para algunos la exhortación que hace el TC podría interpretarse como la posibilidad de que los jefes del sistema electoral sean pasibles de acusaciones ante el Legislativo, lo cierto es que incluirlos en el artículo 99 les otorgará protección ante eventuales denuncias en su contra, así lo sostienen expertos consultados por Correo.
ANÁLISIS
El expresidente del TC, Víctor García Toma, explicó que actualmente cuando algún jefe del sistema electoral es acusado de cometer un delito, su caso pasa directamente por la Fiscalía y posteriormente, en el Poder Judicial (PJ).
Sin embargo, si el Congreso aprueba la reforma que recomienda el TC, los jefes de los organismos electorales pasarán primero por un proceso en el Parlamento.
“En vez de perjudicarlos, se les garantiza un análisis, un control, porque hay denuncias que no tienen asidero”, señaló.
En ese sentido, García Toma precisó que la exhortación que hace el TC es para que los funcionarios del sistema electoral sean objetos de una protección constitucional.
Es decir, que no puedan tener alguna sanción como consecuencia de un acto ejercido durante sus funciones, sin que previamente el Congreso evalúe el caso.
“No puede haber inhabilitación o destitución si es que previamente no han pasado por una acusación en el Congreso. No debe entenderse como una forma de afectar sus derechos, sino por el contrario, garantizarlos”, manifestó.
Además, Víctor García Toma destacó que lo publicado por el TC es una “exhortación” al Congreso, es decir, que según su jurisprudencia tienen la autoridad para hacer recomendaciones.
Por su parte, el expresidente del TC Óscar Urviola sostuvo que la inclusión de los jefes del Sistema Electoral en artículo 99 de la Constitución permitiría que estas autoridades cuenten con una protección especial ante denuncias ciudadanas que se puedan formular en su contra.
En diálogo con este diario, sostuvo que el mencionado apartado de la Carta Magna contempla un fuero especial para que a altas autoridades no pueden ser acusados de delitos de función de manera directa “si el Congreso no les ha levantado el fuero”.
“El Tribunal ha considerado que se les incluya para que le congreso pueda -cumpliendo las formalidades de ley- levantarles o no el fuero. Esa disposición es , en realidad, una especie de escudo para proteger a los funcionarios de cualquier denuncia de tipo ciudadana”, manifestó.
Urviola explicó que actualmente los funcionarios del Sistema Electoral, al no ser considerados en el citado artículo, “podrían ser objeto de cualquier investigación”.
También precisó que lo expuesto por el Tribunal Constitucional responde a una exhortación por parte del organismo al Congreso y no debe entenderse como “una obligación” un eventual debate sobre el tema.
Recalcó que lo señalado requeriría una reforma constitucional, que debe realizarse de forma integral con lo previsto en la Constitución y no de manera aislada.
Consultado sobre si la actual representación nacional se encuentra en un momento adecuado para recoger esta propuesta, indicó: “No hay una urgencia para hacerlo. Creo que esta o cualquier otra reforma que se quiera hacer se tiene que hacer en un momento en que exista serenidad y alejado de la situación de confrontación en el país”.
MIRADAS
Sobre el tema también se pronunció el expresidente del TC, Ernesto Blume, quien se mostró a favor de que los jefes de los organisoms electorales puedan pasar por un juicio político.
“No está mal, porque son funcionarios de alto rango que pueden incurrir en una responsabilidad y el Congreso, a nombre del pueblo, por una mayoría hipercalificada puede someterlos a una investigación”, afirmó.
En diálogo con canal N, el constitucionalista consideró que así se podrían evitar todos los excesos y abusos que se han cometido, por ejemplo, de parte del JNE.
“No se garantizó la autenticidad de la expresión de voluntad porque no se agotaron los mecanismos de investigación respectivos que permitieran constatar que la expresión de voluntad plasmada en el resultado formal correspondía a la expresión de voluntad real”, señaló al referirse a la polémica por el presunto fraude electoral en 2021.
Por otro lado, el constitucionalista Erick Urbina calificó de “válido” la exhortación que hizo el TC al Congreso.
“Tanto el presidente del JNE, como ONPE y el RENIEC son funcionarios del primer nivel, que a su vez son parte de organismos encargados del proceso electoral, por lo que no me parece descabellada la exhortación”, afirmó.
En conversación con este diario, Urbina consideró que la inclusión de los jefes del sistema electoral en el artículo 99 de la Constitución puede ser una garantía para ellos, pues tendrán la protección del antejuicio político.
“No van a ser juzgados de manera directa. Primero tienen que tener el levantamiento del antejuicio en el Parlamento”, sostuvo.
Sin embargo, dijo ver lejana la posibilidad de la aprobación de una eventual reforma, porque no existen los votos suficientes para cambiar la figura.
Cortsía (DiarioCorreo)
