Los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú emitieron esta tarde un comunicado en el que solicitan a la Junta Nacional de Justicia realizar una investigación tras la filtración de un informe sobre un proceso disciplinario que involucra a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios.
El documento suscrito por los 35 magistrados sostiene que las investigaciones que la Junta Nacional de Justicia tiene a su cargo son de carácter reservado, por lo que este organismo debe determinar las responsabilidades correspondientes por la filtración del informe sobre la titular del Poder Judicial.
“Solicitamos a la Junta Nacional de Justicia la realización de una investigación rigurosa, que determine las responsabilidades correspondientes por la filtración indebida de información de las investigaciones a su cargo (que tienen el carácter de reservado) en salvaguarda de los derechos fundamentales de quienes podrían ser afectados con actos lesivos similares, que atentan contra derechos fundamentales”, señala el escrito.
Asimismo, los jueces exigen respeto de los derechos constitucionales, al debido proceso e interdicción de la arbitrariedad en los procedimientos sancionadores a magistrados de todos los niveles ante la Junta Nacional de Justicia.
Respaldo a pronunciamiento de la Sala Plena
En otro punto, los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú acordaron respaldar en forma unánime el pronunciamiento emitido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República en el que se refirieron a actos de intimidación y presión por parte de un fiscal superior.
Precisan que, de acuerdo con el modelo constitucional, el supremo tribunal tiene la calidad de órgano de cierre de la justicia ordinaria; por tanto, las decisiones que emita deben ser acatadas por todas las partes involucradas.
Los presidentes también se pronunciaron sobre el proceso de ratificación de jueces en curso ante la Junta Nacional de Justicia e invocaron la aplicación de la sentencia del caso Cuya Lavy emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según esta sentencia, el Estado peruano debía adoptar las medidas legislativas o de otro carácter para adecuar su ordenamiento jurídico interno a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto de la reincorporación de magistrados no ratificados al Poder Judicial o al Ministerio Público y a la posibilidad de recurrir las decisiones por las cuales se determine la no ratificación de un juez.
De igual forma, la sentencia dispone que mientras estas reformas no se produzcan, las autoridades estatales están en la obligación de ejercer ex oficio, un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.
Cortesía (RPP)
