La presidenta Dina Boluarte y el nuevo titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, fueron denunciados por genocidio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ICDH) debido a los fallecidos registrados producto de los enfrentamientos de los manifestantes con efectivos de la Policía Nacional e integrantes de las Fuerzas Armadas.
Fue la congresista Margot Palacios, de Perú Libre, quien dirigió el oficio el último martes 20 de diciembre a la CIDH. En el documento también denunció a Pedro Angulo, extitular de la PCM, y a César Cervantes, exministro del Interior.
Asimismo, también fueron acusados Antero Mejía Escajadillo, jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, y Jesús Vera Ipenza, comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, así como “los que resulten responsables”.
Según se lee en la denuncia, la legisladora precisa que existe en el Perú “un contexto de violación de derechos humanos” estipulado en el artículo 108 del Código Procesal Penal (CPP).
“Los peruanos tenemos que recurrir a la justicia internacional toda vez que los hechos descritos de violaciones flagrantes de derechos humanos con suspensión de la vida de las víctimas, que hacían uso de su derecho político a manifestarse sobre una coyuntura política, ha sido avalado en una reunión de la junta realizada en Palacio de Gobierno”, expresa el documento.
En ese sentido, Palacios detalla que el titular de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila, la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, “hicieron uso de la palabra” en una reunión el último 16 de diciembre “alineándose con las políticas establecidas por el Ejecutivo bajo la dirección de Dina Boluarte”.
De igual manera, señala que la Fiscalía “no ha accionado” que se conozca alguna medida ante “la fragancia de los hechos delictivos conocidos en tiempo real en todo el país”.
“Queda graficada la concertación entre la señora Dina Boluarte y los representantes del sistema de administración de justicia nacional, lo que impide la imparcialidad en el juzgamiento de los hechos denunciados”, expresa.
“Queda graficada la concertación entre la señora Dina Boluarte y los representantes del sistema de administración de justicia nacional, lo que impide la imparcialidad en el juzgamiento de los hechos denunciados”, expresa.
Cortesía (La Republica)
