Contraloría realizará 63 servicios de control posterior para determinar presuntos casos de inconducta funcional o irregularidades cometidas en Cusco
La Contraloría General realizará 63 servicios de control posterior, entre auditorías de cumplimiento y servicios de control en entidades públicas de la región Cusco para determinar posibles responsabilidades administrativas, civiles y/o penales por presuntos casos de inconducta funcional o irregularidades cometidas.
Durante los próximos días, los auditores iniciarán servicios de control posterior en diferentes entidades como, Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Provincial de Anta y Municipalidad distrital de Santiago, y una Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad Provincial de Canchis.
Actualmente se iniciaron 11 servicios de control posterior, de los cuales nueve corresponden a la Gerencia Regional de Control Cusco y dos a los Órganos de Control Institucional.
En 100 días del ejercicio de control gubernamental en la emergencia sanitaria COVID-19, en Cusco se emitieron y publicaron 508 informes de control correspondiente a las trece provincias y 109 distritos de la región, con la finalidad de contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos destinados a medidas de prevención y contención del coronavirus.
CASOS EMBLEMÁTICOS.
Respecto a los casos emblemáticos regionales que se han detectado por la Contraloría en la región Cusco, se encuentra el retraso en la implementación de Sala UCI en Establecimiento de Salud de Accamana, anexo del Hospital Regional Cusco en el distrito de San Jerónimo con una inversión de S/ 4´792,964. Al respecto la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional de Cusco, mediante memorándum N°1080 -2020-GR.CUSCO/GRI solicitó la anulación de todos los trámites efectuados para la contratación de la ejecución de la mencionada obra.
Asimismo, en los informes de control emitidos en la adquisición y distribución de canastas resalta lo advertido en la Municipalidad Provincial de Espinar referidos a la recepción y distribución de fideos en cantidades distintas a las contratadas, deficiencias en el almacenamiento y falta de control de ingreso y salida de los víveres que conformaron las canastas básicas familiares durante la emergencia por COVID-19.
Caber precisar que se cuenta con una carpeta de control posterior que se ejecutará a la Municipalidad Distrital de Santiago por la adquisición de canastas de víveres sin haber terminado de identificar la cantidad de población beneficiaria de este distrito, así como la demora en su distribución durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Asimismo, los auditores evidenciaron la custodia y almacenamiento de mascarillas y guantes en un inmueble declarado inhabitable en la Comisaria de Cusco, hecho que pone en riesgo la integridad física y la vida de los efectivos policiales, así como la conservación de los equipos de protección personal.
El contralor general, Nelson Shack, informó que en el segundo semestre de este año se retomará el operativo para verificar el gasto en asesorías y consultorías en el Estado y conocer las razones de las contrataciones de personas naturales y jurídicas, el propósito y justificación, que incluirá la revisión de perfiles y especificaciones técnicas.
“El pueblo tiene que saber en qué se gastan cientos de millones que se concentran en 5 ó 6 ministerios del gobierno nacional. El pueblo tiene derecho a saber para qué se contratan esas consultorías”, señaló
(Cortesía de Diario Correo)
