El Poder Ejecutivo ha dado un paso adelante en su intento de cerrar el Congreso al interpretar que el rechazo de plano de la cuestión de confianza planteada por Aníbal Torres es una negación fáctica. Esta interpretación –ilegal según constitucionalistas y exministros de Justicia– abre esa posibilidad si se le niega la confianza “por segunda vez” al gabinete, esta vez encabezado por Betssy Chávez. Es, ante este escenario, que la vacancia presidencial entra en la agenda del Parlamento nuevamente.
Chávez, quien es investigada por la Fiscalía por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias, tiene un plazo de 30 días para solicitar la confianza. Habiéndose autorizado la presentación de una demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional, que demoraría 30 días hábiles en resoverse, el Congreso sabe que el tiempo no está a su favor. Por ello, el congresista Edward Málaga dijo que esta semana presentará la tercera moción de vacancia.
“Yo creo que debería ser esta semana (presentar la moción de vacancia), no podría decir el día, pero estimo que es conveniente esta semana. La amenaza del cierre del Congreso es abierta, ya no es un tema de interpretación, está el acta de PCM”, refirió.
Para el no agrupado Carlos Anderson, se trata de “matar o morir”. “El sábado hubo una votación y 98 congresistas, una mayoría abrumadora, respaldó a la Mesa Directiva para elevar medidas al TC (…) Creo que en el sector oficialista están empezando a tomar conciencia de que el Ejecutivo tiene planes de cerrar el Congreso sin importar (nada), porque ignora el marco legal y contra viento y marea miente sobre la ‘bala de plata’. El único que no puede ver eso es el ciego”, declaró a Perú21TV.
Roberto Chiabra (no agrupado) recordó que la moción de vacancia cuenta con 67 firmas, y requeriría de 20 más para ser aprobada en el Pleno.
“El Congreso tiene que anticiparse, de lo contrario empezará el declive institucional”, señaló a este diario.
Infracción a la ley
Las intenciones del Ejecutivo quedaron por escrito en un acta de la sesión de Consejo de Ministros del 24 de noviembre, día en que el Congreso rechazó el pedido de Torres.
El único punto en la agenda de dicha sesión era la renuncia del Torres por “el rechazo de plano de la cuestión de confianza”. “Se debe entender que el rechazo, rehusamiento y/o negación están siendo tratados como sinónimos, en la medida que acarrean la misma consecuencia. Esto es la crisis total del gabinete”, asumió el Ejecutivo en el documento que lleva la firma de 17 ministros, salvo Dina Boluarte (ex Midis) y Richard Tineo (MTC).
Tras la publicación del acta (el último domingo), Patricia Chirinos (Avanza País), presentó ayer una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, su exjefe de Gabinete y los ministros de su gestión por interpretar de forma ilegal el rechazo de la confianza.
Se interpreta aquello que no tiene claridad en su redacción y la norma sobre la cuestión de confianza es absolutamente clara. No es que el Ejecutivo la interprete, es que tiene un plan montado que está en ejecución y que es ilegal.
Presentaron una segunda cuestión de confianza con los mismos errores que la primera vez, y lo que ha hecho el Congreso es usar el reglamento. La ley habilita al premier a presentar la confianza solo por dos temas: nombramiento de un nuevo gabinete o cuando se trata de políticas de Estado en temas del Ejecutivo.
En 2021 se hizo una norma absolutamente legal de desarrollo constitucional que dice que solo se puede presentar cuestión de confianza cuando se trata de temas vinculados a la responsabilidad del Ejecutivo, no para competencias exclusivas y excluyentes del Legislativo. En este caso, el Ejecutivo ha interpretado, porque ha querido, que eso es una denegatoria de confianza y eso no se ajusta al derecho, no es legal ni constitucional.
Cortesía (Peru21)
