La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó, por mayoría, el informe que recomienda acusar a la expremier Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, por el fallido golpe de Estado que anunció el expresidente Pedro Castillo.
El documento, elaborado por el legislador Wilson Soto (Acción Popular), delegado de la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación, recibió el voto a favor de 17 congresistas, dos en contra y solo una abstención.
El texto final, que recibió el respaldo de miembros de siete bancadas, entre ellas Perú Libre y el Bloque Magisterial, también incluye la propuesta -discutida ayer- de que se suspenda a los congresistas Betssy Chávez y Roberto Sánchez mientras se desarrollen las investigaciones.
El caso ahora pasará a la Comisión Permanente para su debate y ratificación. De ocurrir, será elevado al Pleno.
DETALLES. Durante la sesión de la Subcomisión, previo al comienzo del debate del informe, el legislador José Balcázar (Perú Bicentenario) solicitó que se otorgue un plazo extraordinario a Soto para que evalúe los videos difundidos en la víspera en dos programas dominicales sobre el rol de Betssy Chávez el 7 de diciembre de 2022.
La presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, respondió que la etapa de pruebas culminó y rechazó la solicitud. No obstante, añadió que todavía quedan dos instancias en las que se puede solicitar la incorporación de dichos registros.
Durante la sustentación de su informe, Wilson Soto aseguró que existen “elementos de juicio suficientes” para acusar a los tres exministros por los delitos de rebelión y, alternativamente, conspiración, frente a los hechos el día del fallido golpe de Castillo.
Sostuvo que el 7 de diciembre el exmandatario no solo anunció la disolución del Congreso, sino también la intervención del sistema judicial y la instalación de un Estado de excepción.
Asimismo, manifestó que el exmandatario, aprovechando su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, “habría utilizado dicho poder para ordenar a la Policía y al Ejército, a través de su mensaje a la Nación, el alzamiento de armas en contra del orden constitucional en los poderes del Estado”.
El acciopopulista añadió que, de acuerdo con la denuncia constitucional, Betssy Chávez sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con Castillo y Aníbal Torres, entonces asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), entre otras personas aún por identificar, previo a la emisión del golpista mensaje a la Nación.
En ella se habría acordado que el exjefe de Estado “debía disolver el Congreso e implementar en el Perú un Estado de excepción que implicaría el uso de las FF.AA. para tomar el control del Congreso de la República, el Poder Judicial y organismos constitucionales autónomos”.
Añadió que Willy Huerta, en su condición de titular del Interior, habría ordenado la detención de la fiscal de la Nación y el cierre del Parlamento. En tanto, Roberto Sánchez, entonces titular del Mincetur, está incluido en el caso por presuntas expresiones a favor del golpe.
En su intervención, Soto dio cuenta del testimonio de la periodista de TV Perú, quien fue conducida por la expremier al despacho presidencial para el mensaje a la Nación de Castillo.
Durante el debate, Diego Bazán (Avanza País) sostuvo que si se aprueba el informe y no se suspende en el cargo de parlamentarios a Betssy Chávez y Roberto Sánchez, “ellos podrían utilizar la inviolavilidad de opinión para atacar políticamente a la fiscal de la Nación” y utilizar su facultad fiscalizadora para hacer solicitudes de información a los despachos jurisdiccionales a cargo de la pesquisa.
También advirtió que los citados legisladores podrían presentar acusaciones constitucionales contra altas autoridades y visitar, sin impedimento legal, al golpista expresidente en el penal donde está recluido “para coordinar declaraciones”.
Por ello, solicitó que se incluya en el informe una medida temporal para que se suspenda del cargo a Chávez y Sánchez mientras se resuelva su situación legal. Añadió que este acto no debe considerarse de tipo sancionatorio. Un pedido similar fue presentado por su colega de bancada Norma Yarrow.
Cortesía (DiarioCorreo)
